El avión del sector bancario español parece haber entrado por fin en pista

Se ha aprobado la tan esperada reforma financiera y son muchos los aspectos que merecen un análisis o valoración.

Mi apreciación personal es que en la lucha por llegar al destino deseado -la confianza de los inversores e instituciones de referencia internacional-, el avión del sector bancario español parece haber entrado por fin en pista, pero hasta remontar el vuelo queda aún un recorrido importante.

Reconocer que existe un deterioro significativo de los activos bancarios ligados al sector inmobiliario era una tarea pendiente y crucial. En este sentido, cabe celebrar que de una vez por todas se haya reconocido este problema. En todo caso, hay tres aspectos relativos a la reforma que merecen una especial atención: la suficiencia de los recursos aportados, la concurrencia o no de aportaciones del contribuyente y los efectos que puede tener finalmente sobre la economía real.

En lo que se refiere a la suficiencia de los recursos aportados, esta reforma se ha planteado incrementos en los niveles de provisiones que parecen bastante contundentes. Eso sí, las provisiones estimadas parecen estar por debajo de la mayoría de las que señalan otros estudios y análisis privados. En principio, la exposición estimada al riesgo -la relacionada con suelo e inmuebles y créditos morosos o subestándar- se ha cifrado en 170.000 millones de euros, para lo cual se han empleado datos de junio de 2011.

El problema es que desde entonces han pasado siete meses y aún habrá de pasar un año o dos hasta que la nueva reforma se concrete y, mientras tanto, el deterioro sigue avanzando porque la macroeconomía va a peor. Además, parece que -a juicio de la inmensa mayoría de inversores foráneos- en España existe un porcentaje más o menos elevado de refinanciaciones a promotores que están retrasando en parte la consideración de buena parte de ese crédito como moroso.

Sin ir más lejos, el crédito a promoción inmobiliaria en España en 2007 era de 303.000 millones de euros, exactamente la misma cifra que en septiembre de 2011, último dato disponible. Si el stock de este crédito no ha bajado solo puede ser porque se está refinanciando. Y si se echa un vistazo al último Informe de estabilidad financiera del Banco de España de noviembre de 2011, se comprobará como la morosidad del crédito a promoción está comenzando a aflorar con fuerza y se manifestará cada vez con más intensidad en los próximos meses.

Ante esta tesitura, la consideración de una provisión genérica (como prevención de futuros deterioros) para el crédito promotor en la nueva reforma bancaria parece una idea razonable. Pero, ¿por qué se fija en el 10%?

¿Debería ser más? Quizás lo ideal es que siguiese algún criterio objetivo de determinación del deterioro.
También hay que tener en cuenta, en todo caso, que pueden existir factores atenuantes que reduzcan el nivel de provisiones exigidas. En este punto, cabe recordar que aún debe existir -aunque se tiene poca información- un colchón de provisiones genéricas disponible. También debe tenerse en cuenta que en estos meses en los que el deterioro de activos ha podido agravarse, muchas entidades han realizado también notables esfuerzos por aumentar sus provisiones con cargo a resultados, como se deduce de las cuentas de cierre de 2011 que estos días se están presentando.

En todo caso, un ejercicio de información más detallado describiendo la magnitud de los recursos aportados recientemente y la posible evolución de los activos problemáticos (en sentido dinámico) podría ayudar a conocer en qué medida las provisiones finalmente requeridas serían mayores que las hasta ahora computadas.

Segundo, en lo que se refiere a la concurrencia o no de fondos públicos en esta reforma bancaria, parece que esta cuestión se ha convertido más en un debate semántico que en otra cosa.

Cierto es que a los analistas e inversores les llamó poderosamente la atención que se hablara de una reforma considerable sin taxpayer money pero, en realidad, es comprensible el esfuerzo del gobierno por llevar hasta el extremo la definición de ayuda pública, señalando que, al ser reembolsable, no es déficit.

Esto es muy importante en una situación tan delicada como la actual para las finanzas públicas pero también es cierto que las ayudas están ahí, aunque al fin y a la postre no supondrán, en principio, coste para el erario público, en todo caso un rendimiento financiero, que tendrán que pagar las entidades que se fusionen, reestructuren y lo soliciten. Si será fácil devolver ese dinero o no para esas instituciones al nivel estipulado de coste (8%) es harina de otro costal.
En tercer lugar, el impacto de la reforma, aun contando o no con recursos suficientes, será significativo a medio plazo en su contribución al ajuste del precio de los activos inmobiliarios. Esto puede ser bienvenido por la mayor parte de observadores externos que ven en el desequilibrio del mercado inmobiliario gran parte de los males de la economía española en la actualidad.

Sin embargo, este ajuste de precios de la vivienda tendrá también efectos negativos en la riqueza de los hogares, pero hay que reconocer que no queda otra para recuperar el equilibrio en un mercado inmobiliario en sus horas más bajas. En cuanto al crédito, habrá que esperar algo más ya que es conveniente que prime antes retomar la estabilidad financiera sin la cual el crédito no tiene un soporte lógico.

En suma, aunque el avión de la reforma bancaria española está listo para despegar, queda mucho por hacer. En mi opinión, serán preci- sos esfuerzos significativos adicionales. Además, hay que recordar que mientras el problema de la deuda soberana persista, este que es el principal riesgo para España, su sistema financiero y sus empre- sas, seguirá vigente y, por tanto, amenazará la efectividad de cualquier reforma.


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